Categoría: Opinión

El Aula de debate del ICAM abordó anoche el fenómeno low cost en la abogacía

El Aula de debate de la ICAM formado por los algunos de los representantes de la sociedad civil se reúne una vez más para discutir cuestiones de actualidad que tienen impacto en el mundo jurídico de alguna que otra forma. Lo que no esperábamos era que esa noche se abordara una de las mayores polémicas de la abogacía en la actualidad.

¿Sabéis a que nos referimos? No es difícil de adivinarlo, ¡los despachos low cost fueron los protagonistas de la noche! y como era de esperar dieron mucho sobre que hablar. Para abordar este tema contaron con el moderador habitual, el diputado de la junta del gobierno, el grandísimo Raúl Ochoa Marcos acompañado de una mesa de expertos en la materia: Ricardo Rodríguez Fernández, magistrado; Carlos Capa, redactor jefe de Lawyerpress; José García Berzosa, letrado socio-director de García Enciso Abogados y Consultores; e Isidro Moreno de Miguel, portavoz de la Asociación ALTODO.

 

¿Qué se entiende por low cost?

El debate empezó en desacuerdos desde el minuto 0. Los ponentes quisieron comenzar enclavando el objeto de debate, pero, lo que supuestamente era un primer paso obvio a exponer y a tratar, pasó a ser la primera discusión a la hora de atribuir una concreta definición a cerca del término “low cost”.

Cada uno de los ponentes atribuyó diferentes acepciones al concepto. Obviamente no todo fueron desacuerdos, para Rodríguez y García se llegó a un punto común. Rodríguez por su parte, concebía los despachos low cost como los que “reducen los costes utilizando tecnología, sistemas que agilizan las consultas de clientes… aumentan la productividad para compensar las minutas inferiores”, mientras que Moreno proyectaba la idea de que “la definición real es adaptar el propio despacho a las nuevas tecnologías”.

Ahora bien, no todo fueron conexiones y alabanzas entre ellos, el punto de mira crítico de Moreno llevó su evaluación un paso más allá, calificándolo como la práctica de ofrecer “a un precio muy inferior al de la práctica forense habitual servicios jurídicos” añadiendo así en su definición ciertas actuaciones que suponen, en su opinión, un “intrusismo profesional que obedece a la necesidad de compensar los menores ingresos” lo cual implica además  “desprestigio y precarización para la profesión, y provoca un efecto arrastre para el resto”.

El debate empezaba a coger un ritmo frenético y el portavoz de ALTODO no pudo dejar escapar la ocasión de compulsar la reciente privatización del SOJ por parte del Ayuntamiento de Madrid, “basta ser licenciado para proporcionar el servicio, incluso estudiante, y se incluye la prohibición expresa de asesorar en contra de los intereses del Ayto., lo que supone un claro conflicto con las leyes de asistencia jurídica gratuita y de defensa de la competencia”

 

El abogado empresario Vs despachos piratas

Capa puso voz a la continuación del debate donde recalcaba que “Nada es gratis y entre la abogacía no gusta el concepto low cost”. El periodista expuso sus argumentos en base al contexto del capitalismo implantado en la actualidad donde decía que “al final se venden cosas, y es importante entender que el abogado en el fondo es un empresario, que trabaja sobre algo muy importante como son los derechos y libertades de las personas, que no es lo mismo que vender tornillos y tueras, pero sigue siendo un negocio”.

Rodríguez en concordancia con las palabras de capa quiso advertir que el “low cost ha irrumpido en nuestra sociedad, todo tiene low cost, viajes, libros, logística… pero hay que distinguir lo que es mera compra o intercambio de mercancías y un servicio como es la abogacía”. Esta apelación no fue compartida por todos, el magistrado tuvo algo que decir ante ello, ya que para él, no es lo mismo ajustar que “ofrecer precios a la baja de manera injustificada y sin que sea rentable para el abogado, los denominados despachos pirata, esto sencillamente es deslealtad profesional” Así pues Ochoa acorde con el magistrado puso en concordancia su visión donde mencionaba la proliferación de operadoras jurídicas que se escapan al control deontológico.

 

Un buen servicio es incompatible con el low cost

Pese a ser un gran objeto de debate todos los ponentes tenían algo muy claro sin dar pie a ningún tipo de confrontamiento. Y es que, en general todo abogado da lo mejor de si mismo cuando se trata de la defensa de una persona. El magistrado pese estar de acuerdo con este pilar quiso matizar esta afirmación centrándose el ámbito penal concluyendo con que “el derecho de defensa debe ser efectivo y material, no puramente formal” haciendo ápice de la fijación por parte de la jurisprudencia nacional y supranacional quienes apelaban que “el abogado no basta con que esté simplemente presente, debe de actuar, y esto requiere tiempo y conocimientos que resultan incompatibles con la abogacía low cost”

Para finalizar, Capa una vez más advertía de la importancia de formar parte del mercado, “hay que apuntarse al mercado, el mercado lo regula todo”. Con todo ello llegamos a la conclusión de que el tema reposa sobre búsqueda de un equilibrio en la adaptación de los precios adecuándose a cliente, teniendo en cuenta las ventajas productivas y tecnológicas sin que exista algún tipo de intrusión en el asesoramiento jurídico.